La ocupación de viviendas ajenas

España viene sucumbiendo ante la avalancha de profanadores de la propiedad privada, consecuencia mediata de un marco normativo ordinario que en poco o casi nada ampara los derechos constitucionalmente reconocidos a los propietarios, al mismo tiempo que se auspicia el régimen protector a los invasores por la actuación tolerante de ciertos grupos políticos de izquierdas y formaciones nacionalistas, que se acercan más a la defensa de los okupas que a lo que podía ser consecuente para ayudar a los indefensos propietarios.

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