España viene sucumbiendo ante la avalancha de profanadores de la propiedad privada, consecuencia mediata de un marco normativo ordinario que en poco o casi nada ampara los derechos constitucionalmente reconocidos a los propietarios, al mismo tiempo que se auspicia el régimen protector a los invasores por la actuación tolerante de ciertos grupos políticos de izquierdas y formaciones nacionalistas, que se acercan más a la defensa de los okupas que a lo que podía ser consecuente para ayudar a los indefensos propietarios.

El silencio de los gobernantes ha supuesto que, en 2021, según puede observarse por los datos oficiales se tenga constancia de 17.274 casos de «okupaciones» de todo tipo (solo en Cataluña se encuentra el 42,5%). Un número que va in crecendo por el «negocio» que se ha montado alrededor de todo ello, pudiendo observarse como muchos de los dedicados a ocupar viviendas lo hagan inmersos en grupos que persiguen obtener ganancia económica inmediata para poderse retirar, o acudir a zonas de confort para disfrute propicio en tanto se promueve y resuelve cualquier medida de desalojo. No faltan los negocios complementarios de empresas de seguridad que focalizan su acción para facilitar la protección de los asustadizos.

A tal punto se ha llegado, como consecuencia del abandono de quienes deberían preocuparse por amparar a las víctimas y no a los delincuentes, que están siendo los ciudadanos los que promoviendo grupos antiocupas o incluso actuando con medidas populares, como la reciente cacerolada que han venido realizando vecinos de Badajoz ante la vivienda ocupada por una pareja que dejó fuera de casa a estudiantes que tenían alquilada la vivienda, y que han conseguido alejar a los que habían allanado la propiedad ajena, eso sí dejando el interior vacío de todo cuanto pudiera tener valor.

El régimen protector del okupa llega a exasperar a los españoles de bien, presos del miedo a salir de sus casas y encontrarse a la vuelta con las cerraduras cambiadas. Cierto que lo más son las ocupaciones de viviendas vacías y los menos los allanamientos de morada, pero tanto da que me da lo mismo pues, en definitiva, en ambos casos se frustra el legítimo derecho de un tercero que dispone de la propiedad, independientemente del agravante que pueda existir. La policía, carentes de facultades para actuar de otro modo, cuando acude lo hace para decir que nadie se tome la justicia de su mano y en ningún caso se deje sin luz, agua o cualquier medida coactiva para quienes desde el momento de la ocupación adquieren el derecho a no ser molestados e incordiados en tanto se pronuncia la judicatura. Lamentable pero cierto. Los invasores no dejan de asediar en cuanto pueden y en una ocupación de un chalet inmerso en una urbanización pude comprobar por mis propios ojos como los «presuntos delincuentes» (así gusta decir a los leguleyos y similares protectores), sin cortapisa alguna, exigían copias de las llaves de acceso a la urbanización, a las que amparaba la policía diciendo que en tanto mediara resolución judicial nadie se opusiera a los derechos que pudieran tener como si fueran los legítimos ocupantes.

Si alguien de algún país civilizado está leyendo estas líneas y se está llevando las manos a la cabeza, no piensen que estoy narrando una de esas muchas noticias falsas que merodean por las redes sociales. Son realidades vividas y conocidas sin mediación. Tan real como inverosímil. Basta contrastar fuentes oficiales y la prolija información contenida en las hemerotecas.

Ocurre que ante próximas elecciones, los partidos empiecen a moverse, salvo claro está quienes obtienen beneficios de votos por parte de los invasores que no solo guardan silencio sino que en cuanto pueden favorecen la ocupación y a sus «pobres» ocupantes. Para muestra un botón: en un reciente debate surgido en el pleno del consistorio de Badajoz, donde se presentaba por parte del PP una moción por la vía de urgencia para instar al Gobierno a que realice los cambios necesarios en las leyes para agilizar los desalojos, quedó en aguas de borrajas por el rechazo del PSOE y de Podemos. Cada uno con su razón política pero ajenos, una vez más, a la protección que se pide dispensar a los ciudadanos y sus propiedades. Esto del consenso entre los grandes partidos parece que ya no resulta posible en una España que vive del enfrentamiento entre formaciones.

Con todo, no parece que incluso a nivel nacional se esté con la conciencia tranquila. El primer movimiento lo realizó un partido de la oposición, el PP. En 2020, estando todavía presente como líder el enigmático Pablo Casado, se recogía un plan antiokupación que entre sus medidas contemplaba que el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente pudiera producirse en 24 o 48 horas. Nada de efectividad práctica tuvo. Más recientemente, ya con Feijoo al frente, el PP insiste y quiere que se modifique el marco normativo existente, y así, en las noticias aparecidas recientemente, anuncian el registro en el Congreso de una proposición de ley que altera el régimen actual y permitiría desalojar en 24 horas a los okupas e imponerles hasta cinco años de cárcel. En su propuesta, sabedores de lo que se cuece, llegan incluso a hacer propuesta de castigo de prisión a los que pudieran promover la ocupación. En el caso de que fuera un funcionario público quien promoviera la actividad delictiva en el ejercicio de su competencia, también sufriría una inhabilitación para su cargo y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a quince años.

Visto lo que se cuece, no ha tardado la reacción del PSOE que, como todos sabemos, comparte gobierno nacional con otros grupos de izquierda que no secundan propuesta alguna y que, por tanto, no asumen lo que el medio gobierno que componen los socialistas quiere llevar a cabo. Este partido propone ahora también una modificación legislativa para que los jueces puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas, desde que lo pide el propietario o recibe el atestado policial tanto en los casos de allanamiento de morada como de usurpación. Lo han hecho a través de una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, por el que se introduce un nuevo artículo 544 sexies que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Me cuesta seguir creyendo en estos movimientos que se hacen tarde, aunque no por ello deje de ser necesario y conveniente, pero los que han sufrido ya actos lesivos de importancia a buen seguro que echaran espuma por la boca indignados por lo que ya es un maremágnum de asaltos y delincuencia masiva cuando desde hace bastante tiempo se viene haciendo el reclamo a una norma más apropiada para salvaguardar derechos.

Y lo que más puede indignar es que se haga buscando beneficios electorales, en luchas abiertas entre grupos que deberían aunar esfuerzos en consolidar una norma que no sea un mero parche y deje lagunas que, a buen seguro, sabrán encontrar los saqueadores. El pueblo exige y pide una norma que sea clara y contundente para auspiciar y favorecer el derecho a la propiedad privada, y deje fuera de lugar y por tanto presos de las penas más apropiadas a quienes usen y abusen de ejercer asaltos a propiedades que no les corresponden y para cuyo uso y disfrute no ostentan título legítimo. La cuestión parece clara.

Y en todo esto y otras cosas parecidas, se impone la cordura de quienes de forma conjunta puedan hacerlo sin el lapicero corrector de los fanáticos que se oponen a este régimen protector, creyendo o manifestando que lo que se hace es favorecer al pobre frente al abuso de ricos con propiedades excesivas y a entidades bancarias que obtienen viviendas por la vía de desalojos de quienes no satisfacen las hipotecas o préstamos que tuvieran reconocidos. La utopía ya sabemos que constituye la base de unos fanáticos «progresistas» que no son más que radicales de la izquierda más rancia, para los que sin escrúpulo alguno tildan la situación como un inexistente problema.

Es tan peregrino el argumento justificativo como para que cada vez se crea menos en un régimen democrático tan peculiar como el que vivimos en esta España. Vivir en libertad no puede conducir nunca al libertinaje, y quienes lleguen a gobernar no pueden hacerlo de espalda al pueblo que pide protección. Menos globos sondas y chapucerías de ministerios vacíos de contenido y más afronta a los problemas reales que tiene un pueblo ávido de justicia y justiciables.

Con todo, y por el bien ciudadano, ojalá se tenga más pronto que tarde una modificación normativa que proteja de verdad el derecho a la propiedad privada. Seguro que en el debate que pueda surgir en el trámite parlamentario se verá a las claras los posicionamientos que se tienen. No estará de más que el silencio se torne en bullicio que haga quitar las máscaras. Impulsemos entre todos este chascarrillo politiquero. Con ello, el pueblo tendrá claro lo que quiere tener por gobernantes. Por lo pronto, ya hay quien critica la enmienda abiertamente, tanto por no creerla conveniente como por considerarla que se asume la «agenda de la derecha» (Unidas Podemos y la comunista y Vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz).