Pensiones públicas españolas

             Desde años atrás venimos recibiendo el mensaje del peligro que tienen las pensiones públicas españolas, y especialmente de cara a un futuro próximo. La crisis económica ha acentuado la cuestión, y especialmente cuando escuchamos que las pensiones españolas tienen un agujero de unos 21.000 millones de euros anuales, y que la Seguridad Social está gastando un 15% más de lo que ingresa. Es claro, pues, que el sistema precisa de reformas urgentes para paliar la situación, si no queremos llegar a un punto donde lo que ahora se ve todavía lejano llegue prontamente a nuestras inmediaciones arrasando.

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              Lo gravoso de todo ello es que en las próximas décadas España tendrá una de las tasas de dependencia más elevadas del mundo. Con la máxima claridad, se advierte de los estudios realizados por expertos profesionales que las proyecciones de población de España plantean que el progresivo envejecimiento de la población será mucho más intenso en nuestro país, con la connotación negativa que ello representa para el sistema de pensiones públicas.

              En efecto, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en las próximas cuatro décadas habrá 8,7 millones menos de personas en edad de trabajar (entre 16 y 66 años) y al mismo tiempo 8 millones más de personas mayores de 67 años (el peso de los octogenarios en la población total se triplicará hasta alcanzar el 18% total).

             Este proceso de envejecimiento más intenso en España que en otros países industrializados es explicado por los expertos económicos [Conde-Ruiz, J.I. y González, C.I. -2015-: “Challenges for Spanish Pensions in the Early 21st Century“] tomando como base tres elementos:

             El primero, que tenemos una mayor esperanza de vida, tanto al nacer como a los 65 años. A partir de esa edad, España también destaca por ser el tercer país con mayor esperanza de vida, con 22,8 años para las mujeres (hasta los 87,8 años) y 18,7 años para los hombres (hasta los 83,7 años). Y la previsión es que la esperanza de vida siga aumentando, dado  que continúa disminuyendo la mortalidad a edades elevadas. Mientras que en 1919 (cuando se establecieron los 65 años como edad de jubilación) tan solo el 33% de cada generación alcanzaba esas edad, en la actualidad ese porcentaje alcanza el 90%. La edad que únicamente alcanza el 33% de cada generación se sitúa ahora en los 89 años. Es decir, los 65 años de edad de principios del siglo XX se corresponden ahora con los 89.

            En segundo lugar, España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas de los países desarrollados, con 1,32 hijos por mujer en edad fértil. Como causas previsibles de esta baja tasa se anuncian la gran precariedad laboral de nuestros jóvenes que les impide emanciparse hasta edad muy avanzadas, conjuntamente con la discriminación laboral de las mujeres. Sea cual fuere, lo cierto y verídico es que nos encontramos con este dato fidedigno.

             Y en tercer lugar, el proceso de envejecimiento en España avanza con cierto retraso respecto a otros países industrializados. Un retraso que se explica no solo porque las generaciones más numerosas, los llamados baby boomers (explosión de natalidad producida tras la Segunda Guerra Mundial), surgieron más tarde en nuestro país, sino también por el intenso proceso inmigratorio que se produjo en España en la primera década del siglo XXI y que supuso el rejuvenecimiento de la población española.

             Pues bien, el efecto combinado de estos tres factores va a suponer que en las próximas décadas España tenga una de las tasas de dependencia [ratio entre la población mayor de 65 años y la población en edad de trabajar (16-64 años)] más elevadas del mundo. En concreto, se anuncia que la tasa de dependencia aumentará del 27,6% actual a casi el 76% en las próximas cuatro décadas, mientras que la media de la Unión Europea no superará el 50% en el mismo período.

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             Puede fácilmente comprenderse que cuanto mayor sea la tasa de dependencia, mayor será también el gasto en pensiones como porcentaje del PIB. Esto es, existen menos personas trabajando o produciendo por cada persona jubilada. Conforme a estos datos puede advertirse la delicada situación a la que se enfrenta nuestro sistema de pensiones en las próximas décadas.

             Las últimas reformas producidas en 2011 y 2013 iniciaron ya un proceso de adaptación del sistema de pensiones a la nueva realidad demográfica. En concreto, la de 2013 ha trasladado a los jubilados todo el peso del ajuste del gasto, congelándoles prácticamente la pensión de forma indefinida. Pero el reto se encuentra en buscar un mecanismo de ajuste del gasto futuro que sustituya a la congelación de pensiones.

              Nos encontramos, por tanto, a expensas de noticias y medidas legales que pudieran alentar a lo que hoy se divisa bastante oscuro. Y no se trata de conjeturas de índole política sino de decisiones que exceden los intereses partidistas para evitar la debacle de un país que merece una mayor atención a los temas relevantes.

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