La democracia presenta grandes dosis de libertades para favorecer el dejar hacer de quienes tienen metidos en sus venas ese espíritu de respeto y consideración a los demás y a la sociedad en la que se integra, en la nada fácil convivencia que supone asumir aquello que comulga con nuestra posición y la que contraviene esos postulados. Tan fácil de entender como difícil resulta cabalgar en un ámbito de libertad, que no de libertinaje.

       El vanagloriado Estado de Derecho vinculado al sistema democrático debería implicar que las normas de conducta fueran las imprescindibles para regular la convivencia, favoreciendo la libertad en sus justos términos y, en definitiva, la seguridad jurídica. No es que se pretenda con ello seguir la utópica expresión francesa del “Laissez faire, laissez passer”, propia de los filósofos de la tolerancia, sino que el Derecho no se puede convertir en el corsé que deje en la práctica sin efectividad el despliegue de la libertad, a modo de invasión o intromisión que contravenga lo racional y razonable. Ayudando, en definitiva, a moverse en un mundo donde ningún derecho puede considerarse como absoluto y se encuentra sometido a la balanza de ponerlos en medición con otros derechos con los que pudieran entrar en conflicto. Nadie debe sentirse investido del poder absoluto ni imponer decisiones que estén ajenas a las entrañas de lo que es la democracia y las normas básicas que regulan la convivencia social.

Laissez faire, laissez passer es una expresión francesa que marca una filosofía o práctica caracterizada por asumir la tolerancia y que en la aplicación jurídica que se señala significaría libertad para toda iniciativa con la mínima intervención del Estado o del Poder legislativo.

         Siendo como es tan relevante el marco normativo que florezca en un estado considerado como democrático, es patente que debe medirse con mucha precisión la actuación legislativa que se haga porque, como ya dijera en el año 1843 el filósofo inglés J. Bentham, el arte de legislar es el arte de hacer buenas leyes y que requiere un estricto dominio del lenguaje, de la lógica y de la argumentación. Esto es, que aun asumiendo la conveniencia de cuidar la forma, hay que entrar de lleno en la calidad de las leyes, y que varios siglos después de esta importante reflexión va cada vez más en decadencia, fruto quizás de esta vertiginosa disposición del legislador a regular en demasía los diversos ámbitos y conductas de nuestra sociedad, generando un entramado normativo difícil de asumir, cuando no por la propia degradación de la clase política que repercute de forma muy negativa en la elaboración de las normas. La rapidez, el poco cuidado en la redacción, los parcheos que sufren en los trámites parlamentarios, las múltiples reformas que se hacen de la misma disposición en cortos períodos de tiempo, cuando no el deseo de convertir al Derecho en el interventor del alcance de la libertad, son prácticas que se viven con especial intensidad en los tiempos que corren.

           He aquí la cuestión.  Como certeramente puntualiza Andrés Betancor -Catedrático de Derecho Admninistrativo-, el problema histórico que se ha planteado es cuando el Derecho garante de la Libertad se ha convertido en el Derecho interventor de la Libertad. Se ha pasado al deseo desenfrenado de buscar un Estado Social, o de Bienestar, en el que todo se regula o pretende regularse con la minuciosidad necesaria para que la libertad no exija grandes dosis de práctica sin estar de algún modo dirigida. Sin la calidad necesaria, pero con la abultada cantidad como para generar el monstruo que el profesor anterior sitúa en más de 100.000 normas vigentes, deducidas de la actividad legislativa de la Unión Europea, del Estado español, de las Comunidades Autónomas, de las Administraciones locales y otras investidas igualmente de la competencia normativa. Y, lo más clamoroso es que, entre los propios españoles se mantienen disparidad normativa según sea el territorio de que se trate (valga como ejemplo lo que está sucediendo con el impuesto de sucesiones).

La libertad es un derecho natural. El Derecho no debería intervenir para crearla, sino para posibilitar su ejercicio con respeto al derecho ajeno.

         Al tema de intervencionismo normativo en extremo se une, en estos tiempos que corren, las ideas populistas nacidas contra los sistemas instaurados y que, lejos de preconizar una mejora en la calidad normativa lo que propugnan es, precisamente, un estado absolutista propio del aparente dejar hacer, dejar pasar, bajo la artificiosa y constante participación de los ciudadanos, la mar de las veces con rudimentarios procesos y mecanismos de votación y de contacto que, en general, buscan el continuo estado de conflicto porque, a la postre, es el único medio que permitirá a sus impulsores mantenerse arriba, con un protagonismo tan superficial como ignominioso.

El populismo centra su combate demagógico en minar los fundamentos de legitimidad del Estado y de su institucionalidad democrática (José María Lassalle)

         Hubo un momento que tuve que vérmelas con un insigne y popular profesor universitario al que con el máximo esmero le daba explicaciones para hacerle ver la contravención que producía lo que pretendía hacer con arreglo a la normativa vigente en el momento. Para sorpresa mía, recibía una respuesta, tan majestuosa como imbuida en la Cátedra que lucía, en la que sencillamente venía a decir que “si esa es la ley, no me gusta y no la aplico”. Sorprendente respuesta tan antijurídica como inquietante de quien lucía la anarquía por modelo de conducta, y que hoy en día adquiere suma relevancia. Se trata, simplemente, de buscar la libertad absoluta en la vida y asumir lo que venga bien al propósito personal. Si no es así, basta con rechazar el proyecto. Y estas personas son las que, en sus discursos populares dan lecciones magistrales de democracia y de respeto a la libertad.

      No es de extrañar que en un mundo así surjan deseos de propiciar acciones para reconducir el camino. La Comisión Europea ha establecido que una de sus prioridades para el período 2017-2019, dentro del denominado “cambio democrático”, sea precisamente la “mejora de la legislación”. Entendamos el sentido: mejorar la legislación supone mejorar la preparación, el proceso de consulta, la garantía que las normas sean adecuadas a su objetivo, aumentar la cooperación y garantizar la calidad. En definitiva, mejorar la legislación implica que contribuya a más y mejor democracia, y no solo por el hecho de buscar la participación y la transparencia, sino también porque obedezcan a la razón. Porque aunque se debata por los operadores del Derecho esta máxima, creo firmemente que el Derecho debe servir a la razón, aquella que mejor se acomode a los ciudadanos y al interés general y no al que quieran unos cuantos.