En la historia de las instituciones españolas nos encontramos con una figura especialmente vinculada a los monarcas de los siglos XVI y XVII, denominada valido, y que a decir verdad no ha contado con la simpatía de los historiadores que despotrican hacia ellos cuanto pueden, con lindezas tales como la de considerarlos una lacra para los ínclitos reyes que osaron por mantenerlos cercanos a ellos para facilitar la pesada carga de ejercer la gobernanza, teniendo como único mérito el de ser amigos o personas de confianza del monarca de turno. Una posición privilegiada que, como se subraya categóricamente, hizo que los titulares de la confianza se aprovecharan del poder conferido para conseguir cargos, pensiones y mercedes para sus familiares y partidarios.

        Pero la existencia misma de alguien tan vinculado al rey como para obtener sus favores hasta el extremo de producir una dejación efectiva de la actividad gubernativa real, superponiéndola a otras figuras enteramente políticas y oficiales como pudieran ser los secretarios personales y los secretarios de Estado, que quedan relegadas a un segundo plano con el consiguiente resquemor de estos, me ha producido tal curiosidad que no he dudado en adentrarme en conocerlos un poco más como personas y su contribución al desenvolvimiento del ejercicio de la soberanía.

          El término valido aparece en el diccionario de la RAE con una primera acepción que atañe a la consideración de “recibido, creído, apreciado o estimado generalmente”, para reseñar una segunda que le confiere la identidad más estrecha con lo que ahora mismo tratamos: “Hombre que, por tener la confianza de un alto personaje, ejercía el poder de este”. En definitiva, nos encontramos ante las personas que los monarcas autoritarios consideraban apropiadas para actuar como consejeros, sin que fueran reconocidas institucionalmente, generalmente salidas de la aristocracia, y que en la práctica llegaban a gobernar en nombre del rey por la propia dejación que este hacía en las labores de gobierno. La figura en sí tiene su realce en España en el período de la monarquía de los Austrias, aun cuando puede advertirse su presencia en épocas diferentes, utilizando en unos casos la denominación de “privados”, caso de la Edad Media, y “favorito” en el período de la monarquía del rey borbón Carlos IV, en el siglo XVIII; y en otros territorios con figuras similares (casos de Inglaterra y Francia).

        El régimen de los validos se inicia cuando Felipe III, en 1598 encomienda a Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, la tarea de gobernar, que se prolonga, tras su caída en desgracia en 1618, a su hijo el duque de Uceda. El duque de Lerma adquiere su poder en una Cédula de 1612 dirigida al Consejo de Estado, por la que se equipara su firma a la del monarca y supone la más amplia y expresa concesión de poderes a un valido, algo que escandalizó a muchos de sus contemporáneos al cuestionar la propia esencia de la monarquía absoluta. Alejó a los cortesanos más influyentes del reinado anterior y restringió en beneficio propio el acceso a la persona real, al que permitía y favorecía en sus placeres lúdicos, organizándole continuos viajes, cacerías, festejos. De otro lado, situó a sus familiares y amigos en los puestos clave del poder (oficios de Palacio, secretarías, juntas y consejos), empleando los recursos de la Monarquía para fortalecer su propia red clientelar mediante el ejercicio del patronazgo.

      En 1601 propició algo que en terminología moderna se concibe como “pelotazo urbanístico”, tras convencer al rey del traslado de la capital del país a Valladolid. Para ello, el valido adquirió con anterioridad numerosos terrenos a precio irrisorio, y que multiplicó su valor cuando la urbe se convirtió en la capital de España. Después, el duque se las vendió al mismísimo monarca y sacó sustanciales beneficios. Al mismo tiempo, aprovechando la caída de precios en Madrid, compró nuevas tierras que, cuando volvió la capitalidad a este lugar en 1606, le permitió amasar mayor fortuna. Un negocio espectacular.

         Pero todo abuso acaba. Lerma fue perdiendo capacidad para situar a sus candidatos en puestos de poder y con ello atraer partidarios, hasta que, perdido también el favor real, hubo de dejar el poder y retirarse a sus dominios en 1618, no sin que antes, para ponerse a salvo de represalias, se hiciera nombrar cardenal, y se ordenó sacerdote en 1619, por lo que quedó a salvo del proceso que se abrió contra él y sus actos. Se decía por entonces que “Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado”. Máxime cuando quien le sustituía en la privanza del rey fue el duque de Uceda, que era hijo suyo. Pero al morir en 1621 su protector Felipe III, momento que su progenitor perdía igualmente el poder, fue enjuiciado finalmente por Felipe IV en 1622, confiscándole gran parte de sus bienes, para morir sólo, arruinado, en medio el mayor desprestigio.

       Por su parte, Cristóbal Gómez de Sandoval y de la Cerda, duque de Uceda, que ya había mostrado su oposición a la política de su padre y a la de su partidario, el conde Lemos, hizo uso de su poder con mayor moderación y respeto a las decisiones de los presidentes de los consejos. Con todo, fue procesado y condenado, muriendo en la prisión de Alcalá de Henares al caer en desgracia frente al nuevo monarca, Felipe IV.

        El nuevo valido que este monarca tuvo en 1622 fue Gaspar de Guzmán y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar, conde-duque de Olivares (así llamado por ser conde de Olivares y duque de Sanlúcar la Mayor) que, en un primer momento se dedicó a eliminar de la corte a los miembros de las facciones de Lerma y Uceda, condenando con castigos ejemplares los abusos del reinado anterior, pero también situando en los puestos clave a sus propios parientes, amigos, clientes y «hechuras», al tiempo que acumulaba para su casa títulos, rentas y propiedades. Su poder personal quedó reforzado mediante el recurso a las juntas, con las cuales tendió a suplantar el mecanismo de gobierno tradicional de los Consejos.

       En plena crisis y bancarrota institucional, pretendió realizar reformas que no condujeron a la solución de la problemática existente por lo que, definitivamente, en 1643, Felipe IV prescindió de él, que se retiró a convalecer de sus achaques en su señorío de Loeches, cerca de Madrid. Incluso entonces, los detractores del antiguo valido siguieron formulando acusaciones contra él hasta que consiguieron que el rey le desterrara más lejos, a la villa de Toro (1643), y que fuera procesado por la Inquisición (1644).

       Al cese del conde-duque de Olivares irrumpe un nuevo capítulo del valimiento español, pues si bien el rey contó con el concurso de Luis de Haro (VI marqués del Carpio, I duque de Montoro y II conde-duque de Olivares), sobrino del I conde-duque de olivares, nunca llegó a tener la misma influencia y control que su tío, principalmente porque el monarca mantenía confianza con la hermana María de Ágreda, que le convenció para que aboliera el puesto de valido. De hecho, en 1659 se nombra a Luis de Haro primer y principal ministro, figura que se aleja claramente de la propiamente atribuida al valido.

          Felipe IV se casó en segundas nupcias con su sobrina, Mariana de Austria, de cuyo matrimonio nacieron cinco hijos pero de los que únicamente sobrevivió el que reinaría con el nombre de Carlos II. Pero a la muerte de Felipe IV el nuevo rey sólo tiene cuatro años, circunstancia que obligó a establecer un Consejo de Regencia en el que doña Mariana ocupa un importante papel, manifestando su escasa habilidad política. Surge aquí nuevamente la implantación del régimen de validos, en este caso con la entrega de las riendas del poder al jesuita padre Nithard, en 1666, y aparta a don Juan José de Austria (hijo bastardo de Felipe IV) de los círculos de gobierno.

         La reina, tras las protestas que suscita el nuevo hombre fuerte, le sustituye en 1669 por Fernando Valenzuela, hombre modesto que recibiría el tratamiento de Marqués de Villasierra. Mantuvo este valimiento hasta que don Carlos alcanzó la mayoría de edad. En 1676 es elevado al rango de primer ministro de la monarquía, con autoridad para coordinar a los presidentes de los consejos, con lo que se llega a la finalización de la época de los validos. De este modo, a partir de entonces el gobierno va a estar dirigido por un primer ministro, que no es un cargo propio de la amistad o relación de confianza que tuviera el rey con determinadas personas, sino impuestos al rey con el apoyo de alguna facción nobiliaria.

        Con el cambio a la dinastía Borbón, en el siglo XVIII desaparece el uso del término valido, aunque hubiera personajes de gran ascendencia sobre los reyes. Los gobiernos de Felipe V, Fernando VI y Carlos III se realizaron a través de los ministros. Pero con Carlos IV, renace con especial intensidad la persona de confianza del rey, con la consideración de favorito en la persona del extremeño Manuel Godoy, flamante Príncipe de la Paz, sobre cuyo pasado ya tuvimos ocasión de referir en un anterior relato (Manuel Godoy, en las entrañas de Badajoz).

         La historia de la monarquía española no nos muestra más ejemplos de una figura similar a las narradas, dicho sea en el sentido de considerar la existencia de una persona de confianza del rey que le suplante en la tarea de gobernar, aunque muchos historiadores han querido ver al General Primo de Rivera como un valido de Alfonso XIII, en los inicios del siglo XX.