El mundo actual es el de la información. Los políticos se esmeran en utilizar todos los resortes a su alcance para llegar a los ciudadanos, y los medios de comunicación cada vez muestran una mayor intensidad en el alcance de la información que vuelcan. En unos casos con la pelea de alcanzar la primacía divulgativa y, en otros, y aquí es donde me vengo sorprendiendo cada día más, vertiendo todo un arsenal de datos que convierte a la noticia en el resultado de una exhaustiva y desorbitada investigación. Se analiza hasta la saciedad aquello que cala más en la sociedad, y se facilitan resultados tan minuciosos como si el Sherlock Holmes de turno hubiese dirigido la operación.

        Cierto que nuestra Constitución Española reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información por cualquier medio de difusión. Pero el constituyente no habla sólo de información, sino que le añade el requisito de la veracidad, esto es, utilizando una palabra que es sinónima de cierta, auténtica, comprobable. Y es que, si no hubiera una certeza contrastada de lo que se informa, incurriríamos en todo lo contrario, desinformando, falseando la realidad, equivocando y propiciando la noticia tendenciosa.

El derecho a la información lo es en tanto sea veraz

      Por otro lado conviene aclarar que el derecho de la información es de todos los ciudadanos y no solo de los periodistas, aunque la actividad de estos últimos sean los que a menudo la ejercitan. Podemos advertir, por todo ello, que en numerosos programas televisivos o tertulias radiofónicas, aparezcan personajes singulares, algunos ya investidos de una profesionalidad exorbitante, que hacen un uso tan cotidiano de la información como para poner en entredicho a profesionales periodísticos que no saben ya si seguir sus reglas deontológicas o entrar en la selva informativa sin tapujos, sabedores que los productores y el público pide sangre, el mayor detalle posible de cómo se ha producido el acontecimiento morboso o cómo se han cometido las fechorías más grandes, incluso descubriendo los errores que han podido cometer y que han propiciado la detección de posibles delincuentes. El colmo lo digo con una noticia recientemente emitida en televisión: un delincuente, totalmente cubierto de prendas negras y gorro que sólo permitía la visibilidad de los ojos, desmantelaba un establecimiento y era grabado por las cámaras. Las indagaciones realizadas descubren unos hermosos ojos azules que hicieron llegar al ínclito para detenerle porque en los alrededores pocos tenían esta característica. Quien daba la noticia aclaraba, tras conversación mantenida con la policía, que si hubiera llevado puesta unas gafas hubiera sido casi imposible detectar de quién se trataba. Ya saben los siguientes lo que tienen que hacer.

       Cómo se calcinan los cuerpos y se esconden en sitios que dificultan las pruebas. O, como ha ocurrido en el reciente caso de Diana Quer cuyo tratamiento mediático presenta connotaciones más propias de buscar el morbo que de proporcionar información. Se volcaba la noticia informativa en temas que resultaron ajenos a la muerte de la afectada, como ocurría con las relaciones de sus padres, el comportamiento de su hermana o la actitud que tenía con los chicos; incluso desde una óptica feminista, la crítica hacia los medios ha consistido en la tendencia machista que supone vincular la muerte con la vestimenta de la Quer, el divorcio de sus padres o su comportamiento con los hombres. Ni que decir tiene que las informaciones posteriores aclaraban con profesionales consultados que el cuerpo en agua se conserva mejor, aunque hace desaparecer las pruebas que pudieran afectar a violaciones, todo ello envuelto en un conjunto de datos que salen a la luz para que sepamos cómo deberían que hacerse las cosas para dificultar la prueba de la autoría. Una desmesurada información que, a mi entender, resulta desafortunada e innecesaria para el público en general.

        Y qué decir de las manifestaciones vejatorias y los permanentes insultos que se vierten en esos programas populares que pueden ver niños y mayores, donde la humillación, el menosprecio y el maltrato de la dignidad humana se hace tan patente como para que incluso se sometan al escarnio los propios vilipendiados, por aquello de que todo tiene su precio. Me parece una atrocidad total que no se impidan estas impúdicas actuaciones que lo único que hacen es manifestar un ataque a la dignidad que merece cualquier ser humano.

La información atiende a los hechos y la opinión es un mero juicio valorativo

      Pero es que, además, como la veracidad exigida constitucionalmente sólo es predicable de la información, de la transmisión de hechos, sin que sea posible exigirla cuando se trata de opiniones, el campo se abre cuando se trata de emitir estas últimas. Los hechos son ciertos o falsos, pero no se puede decir lo mismo de una opinión, que es un juicio valorativo que, por definición, es algo subjetivo e indemostrable. Las opiniones pueden ser justas o injustas, dadas con inteligencia o sin ella, pero difícilmente pueden valorarse desde el referente que supone la verdad.

         Para la opinión, la única fuente normativa que puede delimitar su alcance es aquella que exige que no sea formalmente injuriosa (cuales pudieran ser utilizando expresiones despectivas o insultos) ni resulte innecesaria o aneja al pensamiento, idea u opinión que se expresa.

         Así, si observamos los medios de comunicación escrita, claramente detectamos la diferencia entre la información y opinión, por el distinto tratamiento tipográfico que se da a las noticias y a los artículos de opinión. Los códigos deontológicos del periodismo son claros al respecto de esta distinción.

          Ocurre que mientras que a la condición de profesional del periodismo se le exige que tenga un deber específico de diligencia, un grado mayor de prudente uso del derecho que tiene, el “charlatán” que se sienta a diario para opinar de todo lo que se le pida, carece del rigor necesario como para convertir en serio lo que no lo es. Ni la dirección manifestada a través el pinganillo de la oreja puede evitar que se dispare la boca con el improperio mayor que se le ocurra, sobre todo si se calienta el ambiente.

     Porque como ya tuvo ocasión de decir hace ya unos años nuestro Tribunal Constitucional, una cosa es efectuar una evaluación personal, por desfavorable que sea, de una conducta, y otra muy distinta es emitir expresiones, afirmaciones o calificativos claramente vejatorios desvinculados de esa afirmación, y que resultan proferidos, gratuitamente, sin justificación alguna (STC 42/1995).

          Lo malo de todo ello, y me cuesta decirlo, es que cuando uno escucha una tertulia o ve un programa televisivo de este tipo, donde la opinión prevalece sobre la información veraz, descubres que entre los parlanchines se entremezclan periodistas y quienes no lo son. Lo problemático no es esta mezcolanza, sino que no sabes distinguir entre unos y otros. El periodista, cada vez se pliega más convirtiendo en un circo lo que debería mantener una cívica compostura de respeto al ser humano y a la convivencia pacífica.

        Difícil está el marcar límites a lo que en derecho no puede hacerse con la milimétrica actuación del legislador, cuando convenimos una apertura desmesurada del derecho a informar y la sociedad empieza a desproteger a sus integrantes. De seguir así, lo que nos queda por ver, oír y leer.