La incorporación de términos anglosajones a nuestro vocabulario popular viene siendo una constante, por aquello de que así presumimos lo suficiente como para que a nuestro alrededor se piense que todos somos bilingües o que estamos inmersos en un proceso de cultura lingüística que denota la progresión que experimentamos. Pero la realidad es que no todos llegamos a ese nivel de presunción, quizás por aquello de que nos ha cogido un tanto pasados de rosca como para entrar en más florituras que las propias que nos depara el día a día.

         En fin, no impide que de momento alcemos la mirada cuando algo nuevo retumba en nuestros oídos. Ahora ha llegado el turno de aludir a los riders, para centrarlo en esos desmesurados jinetes de bicicletas o motos que, haga frío, llueva o la temperatura alcance las máximas de la temporada, y sin tregua, llevan a nuestro domicilio un pedido. Una figura que ya no es tan extraña en el mercado laboral y que atendiendo a la juventud que muestra la gran mayoría de sus protagonistas, nos hace pensar en los estudiantes que, por este medio, se ganan algún dinerito para pagar estudios o satisfacer las necesidades que, con lo que antes llamábamos paga familiar, no pueden cubrirse.

       Visto así, desde la inocencia de quienes nos podíamos imaginar que la eventual distorsión de un vínculo laboral no tendría más trascendencia que la del dentista que no emite factura por servicio prestado, no podríamos suponer el verdadero sustrato que se esconde en muchas ocasiones. Tanto como para afirmar que el tema se las trae, y buena prueba de ellos es que hasta la Inspección de Trabajo han llegado casos en los que se plasma una polémica digna de resaltar por aquello de que no estamos ante esos eventuales estudiantes que se buscan la vida, sino ante condiciones laborales que, en muchos casos, rozan o se ven de lleno inmersas en el fraude y la ilegalidad.

        Los casos más llamativos han llegado de la mano de las nuevas plataformas digitales como Deliveroo, Glovo, Uber Eats o Stuart, en su gran mayoría del sector de reparto de comidas a domicilio, en las cuáles huyen de referirse a trabajadores por cuenta ajena para aludir a nuevas formas de asociarse porque, a la postre, la exigencia impuesta es que se den de alta como autónomos para luego imponerles unas condiciones de trabajo en los que cuanta más disponibilidad se tenga y más pedidos se realicen en el menor tiempo alcanzan mejor puntuación, y en función de ésta viene la asignación laboral. Las enfermedades de los afectados, en cuanto restringen la actividad, penalizan si no se avisan con la antelación suficiente, lo que supone arrancar de futuro desde cero. Una retribución mínima por pedido, incentivada cuando se alcanzaba un mayor registro, pero que en total, y a pesar del soberano esfuerzo que se haga, podría hablarse de trabajadores mil euristas. Claro que con este montante el trabajador debe afrontar su cuota por autónomo, seguridad social, lo que lleva a que, en su gran mayoría, no las paguen. Los gastos de desplazamiento también corren por su cuenta, y no hay derecho a vacaciones, formación, etcétera. Ni siquiera puede hablarse de despido por cuanto que lo único que ocurre es que, cuando no les intereses, los desconectan y no vuelven a requerir de sus servicios.

        El conflicto está servido. Buena prueba de ellos es que estando previsto el primer juicio en España por este asunto, la empresa afectada ha utilizado la billetera para evitarlo. Al obtener un acuerdo económico, los demandantes han decidido dejar el pleito.

       Pero el tema parece que tiene la enjundia necesaria como para que, en cualquier momento, los conflictos prosigan y, en mayor o menor tiempo tendrán que ser resueltos por los tribunales de justicia. Pero lo más llamativo es que son pocas las voces sindicales que se han levantado al respecto de esta singular explotación laboral. Si no avanza este tema no puede ser por pura casualidad. Ya veremos lo que el tema nos depara.