Privatización y externalización de servicios públicos

         Los tiempos que corren muestran una exigencia cada vez mayor para las actividades y servicios que el sector público debe brindar a la comunidad y que supone, por lo pronto, que la delimitación de lo que debe entenderse por servicio público experimente una evolución acorde con el proceso de transformación que se exige a quien debe servirla, la denominada Administración pública. Para ello, ésta debe aumentar significativamente su eficacia y eficiencia, lo que supone que se acerque cada vez más en su funcionamiento a los paradigmas de la empresa ordinaria. Aún más, el fenómeno conocido por la doctrina científica como “huida del Derecho Administrativo” supone que se produzcan modificaciones tan relevantes como para que ese modelo tradicional de gestión directa se vea complementado por otras indirectas a través de las cuales las entidades públicas transmiten a otras privadas tareas o actividades para conseguir una optimización del bienestar social.

          Pero lo que de por sí puede ser absolutamente necesario para que el servicio público cumpla con el compromiso de favorecer los intereses sociales, distante de modelos obsoletos que, por el contrario, abogan por imbricar en lo público todo lo máximo que se pueda, puede ser interesadamente llevado por los detractores para hablar -erróneamente- de “privatizaciones”, a veces con el desconocimiento tan inusitado como para confundir el término con lo que meramente supone “externalizaciones” de servicios públicos. No puede resultar extraño oír hablar de las privatizaciones a determinados políticos y sindicatos, para mostrar su más enérgica repulsa a lo que acontece, omitiendo la realidad de encontrarse ante externalizaciones de servicios que lo único que presuponen es un apoyo complementario a lo que no puede llegar en su alcance a la mejora de la Administración, incapaz por sí misma de cumplir todo cuanto se le quiere exigir.

        Cierto, y así lo debemos convenir, que no puede integrarse en este aperturismo aquello que afecte a lo que de por sí es de reserva única y exclusiva del sector público, por aquello de que implica el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos, pero es fácil presuponer que ciertas prestaciones pueden ser complementarias o meramente incidentales a las propias de una actividad pública, y en las cuales admitir la presencia de empresas especializadas que favorezcan o liberen a la Administración de lo que no es su tarea fundamental y prioritaria, se erige en una posibilidad cierta que al mismo tiempo se convierte en necesaria para no restar fuerzas a lo que debe ser el impulso de lo público. público y privado2En definitiva, se trata de encontrar el punto o sitio adecuado entre lo que pudiera mal entenderse como una extensión incontrolada de la dejación al sector privado de actividades públicas, y la restricción de la iniciativa privada hasta el extremo de impedir a la Administración que desempeñe eficazmente la labor social que se le exige.

       Como la cuestión merece una reflexión, no me resisto a intentar aclarar lo que suponen privatizar y externalizar, dado que el abuso generalizado en la utilización verbal del primero de los términos me lleva a pensar que no podamos entender con claridad la diferencia tan sustantiva que existe con el otro modelo de gestión. Por aquello de que si lo intentamos comprender, a lo mejor permite ver la luz en la opacidad que mostramos cuando convenimos sin reparo que todo lo privado es pernicioso para la gestión pública.

     Por lo pronto decir que la Constitución Española muestra a las claras una configuración de Estado social que se relaciona directamente con la disposición de un amplio aparato público de prestación de servicios a través de las diversas entidades que integran las Administraciones públicas, como a través de otras formas de intervención pública que revisten fórmulas de entidades privadas (empresas mercantiles o fundaciones) cuando así lo exija el interés general.

           Cierto es, por lo demás, que los tiempos más recientes nos han permitido ver como el uso y abuso de estas fórmulas han llevado a la primera página de los medios de comunicación los flagrantes casos de corrupción detectados, por aquello de que favorecer la entrada de lo privado en lo público permitía una flexibilidad a la que no se ha mostrado ajeno el legislador que ha propiciado medidas para que lo que de por sí debe ser un medio instrumental de apoyo no se convierta en el resquicio de salida de quienes se empecinan en tergiversar cuando tengan a su alcance para conseguir fines espurios. No puede ser, por ello mismo, más que la adopción de medidas para reconducir situaciones desorbitadas para dejar en su justo lugar lo que es un medio de ayuda y no un fin en sí mismo.

        Dicho cuanto antecede, hay que aclarar los términos. Cuando se privatiza un servicio lo que se hace es traspasar no solo la gestión sino también la titularidad del servicio desde el sector público al sector privado. Estamos por tanto ante fórmulas extremas que no pueden encontrarse sumidas en el deseo de favorecer la gestión, sino de su completa dejación. Es impensable, por ello mismo, que determinados servicios esenciales para la comunidad como la sanidad o la educación puedan sumirse en la plena privatización, sin perjuicio, claro está de fórmulas de apoyo complementario en tanto no supongan o pongan en riesgo el régimen público, como así se encargó de aclarar el mismísimo Tribunal Constitucional. Ya hemos visto que la Constitución Española abre puertas a la actividad económica cuando se trata de exigencias del interés general.

       Mas lo que ocurre abiertamente son las fórmulas de gestión indirecta, de colaboración público-privada en la gestión de los servicios públicos. La externalización se convierte así en el traspaso de la gestión de un servicio, en su totalidad o sólo alguna de sus fases, bien a empresas privadas o bien a organizaciones sin ánimo de lucro, aunque la titularidad y responsabilidad del servicio continúan siendo de carácter público. público y privado 4En suma, estamos ante una transferencia de una actividad pública a una organización especializada ajena a la Administración y a sus estructuras organizativas propias, para con ello cumplir una necesidad o resultar conveniente para el cumplimiento de las funciones o actividades principales de las entidades públicas. Un modelo que favorece la gestión y el servicio que se presta y que se realiza mediante un proceso competitivo que se formaliza en un contrato o acuerdo sometido a las prescripciones de la ley de contratos del sector público.

        La utilización de este mecanismo de externalización descansa claramente en dos aspectos que se complementan. Una mayor eficiencia en la prestación de servicios de interés general basada en la disposición de medios procedentes de las entidades privadas. De la mejor manera y con el mejor precio posible. Porque, no debe olvidarse que la Administración se mueve en la actualidad dentro de una política de marcada contención del déficit, lo que hace que convenir esta colaboración público-privada se erija en mecanismo o instrumento propicio para que, sin descuidar los estándares de eficacia, se acuda a las empresas privadas para que aporten sus medios humanos y materiales a la prestación del servicio público asumido.

        Hay quien habla de un entendimiento sinérgico entre las Administraciones públicas, propietarias de suelo e infraestructuras, y de la iniciativa privada, con recursos de inversión y con un know how suficiente para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la oferta de esos servicios públicos.

       El mecanismo, pues, no debería desdeñarse porque sí. Porque lo público no debe entenderse nunca como algo gratis. Porque favorecer los intereses generales supone acudir a todos los medios necesarios para cumplirlos. Y si en una Administración educativa nos puede resultar comprensible que tareas complementarias como vigilancia, seguridad, cafetería, jardinería y mantenimiento no son las propias del fin de la educación y, por ello mismo, posibilitada de realizarse por empresas privadas que colaboren con la entidad pública, con mayor grado de visualización encontraremos justificación a otras facetas o actividades que aun siendo públicas por cubrir intereses generales, puedan tener la complementaria y necesaria colaboración privada. Sobre todo si queremos que el bienestar social aumente.

 

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