El control de oposiciones y concursos

              El acceso a la función pública no ha estado nunca exento de discrepancias por parte de los ciudadanos que acuden a las distintas convocatorias que se anuncian. Por mucho que se intente mejorar, siempre hay motivos para acercarse a los tribunales de justicia y clamar por los hechos acaecidos, pues aunque la Constitución española sea clara y contundente en su artículo 103.3 proclamando los principios de mérito y capacidad para acceder al empleo público, que luego aparecen reproducidos en los textos legales que le sirven de soporte y desarrollo con la ampliación a otros principios igualmente deducidos del texto constitucional, cuales son los de igualdad y publicidad de las convocatorias y sus bases, lo cierto es que su aplicación por los órganos convocantes o la que hacen los tribunales y comisiones de valoración deviene muchas veces desafortunada por el intento de desvirtuar la esencia que debe presidir la selección y hacerla un tanto dirigida a intereses un tanto espurios.

            Fundamentalmente, la concebida como discrecionalidad técnica de las decisiones adoptadas por estos órganos de selección llevaba pareja un abuso que en las revisiones jurisdiccionales no se controlaban. El juzgador se quedaba en los aledaños sin penetrar en la esencia de la valoración otorgada. Afortunadamente, la progresión de las posturas adoptadas por los tribunales de justicia ha permitido una nueva línea jurisprudencial que exige expresar las razones, no meras puntuaciones que se otorgan, y no duda en sustituir, incluso, los juicios emitidos cuando sea evidente su error. El profesor Tomás Ramón Fernández, al igual que los muchos juristas y operadores del mundo del derecho han incidido en examinar estos cambios jurisprudenciales. Este profesor, en la Revista de Administración Pública de enero-abril de 2015, celebraba el cambio experimentado por los tribunales de justicia y que se hubiera puesto fin a la indefensión que generaba la vieja doctrina porque, como bien dice, “juzgar a la Administración contribuye también a administrar mejor“.

           Sirva esta introducción para anunciar que ese gran jurista y magistrado de lo contencioso-administrativo, que es José Ramón Chaves García, vuelca una vez más sus conocimientos y experiencia para dejar atrás un primoroso éxito de su obra “Control de concursos y oposiciones en la jurisprudencia”, que viera la luz en el año 2009, y hacer la presentación de un nuevo libro a precio de El Corte Inglés (39,99 euros), nominado como “Vademécum de Oposiciones y Concursos / Controles de la discrecionalidad técnica, errores y abusos de los procedimientos selectivos”, editorial Amarante, 2017.

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          Con esta publicación se llega al meollo de la cuestión, con la expansión que ha supuesto el control jurisdiccional para recortar con firmeza la todopoderosa discrecionalidad técnica, y que va a permitir a juristas, opositores y ciudadanos en general conocer esta doctrina para, nunca mejor dicho, defenderse de cualquier intento de agresión a los méritos y capacidad que deben imperar en los procesos selectivos.

             La obra aparece dividida en cuatro partes. La primera lo hace atendiendo a la vertiente organizativa: marco legal, ofertas de empleo, relaciones de puestos de trabajo y tribunales calificadores. La segunda parte se ocupa de la valoración del mérito y la capacidad: elementos reglados, motivación y vías de control de la discrecionalidad técnica. A la tercera parte le corresponde analizar los principios reguladores (vinculación de las bases, igualdad de oportunidades, subsanabilidad, transparencia, etcétera). Y, por último, en la cuarta parte se exponen las garantías jurisdiccionales: legitimación, pruebas, ejecución de sentencias, etcétera.

            Nos encontramos ante una más que útil herramienta que, por supuesto, también debe permitir a los integrantes de los órganos de selección que se sepan las exigencias que impone la justicia al socaire de la legislación vigente, para que su actuación no se vea viciada y permita favorecer los recursos y reclamaciones que se presenten contra sus decisiones.

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            Con esta entrada quiero agradecer, una vez más, a José Ramón Chaves por mantener vivo su espíritu y sapiencia, permitiendo a los fieles seguidores que tengamos actualizado el panorama jurisprudencial.

 

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