Días atrás ha comparecido ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados el Presidente de la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Segundo Píriz Durán, a la sazón Rector de la Universidad de Extremadura, con el fin de hacer un diagnóstico de la situación que presenta el Sistema Universitario Español, para que, de primera mano y como sería de desear que ocurriera en todos los lugares donde se representa al pueblo, se dé cumplida información de las principales dificultades que existen en este sector educativo y cuáles son las necesidades más acuciantes para impulsar, desde todos los ámbitos, una decidida respuesta a lo que se precisa para situar la enseñanza universitaria en el lugar que corresponde. Todo ello en consonancia con el solicitado “Pacto de Estado Social y Político por la Educación”.

            Las referencias del Rector a las exigencias europeas e internacionales no faltaron. Así, las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea sobre el avance del Programa Nacional de Reformas 2017 de España; la estrategia Europea 2020 centrada en el cumplimiento de objetivos para lo que resulta imprescindible la contribución de un buen funcionamiento del sistema universitario. En fin, el informe “University Autonomy in Europe III The Scorecard 2017”, de la EUA donde analiza el grado de autonomía universitaria de 29 países europeos, y que sitúa a España en un nivel medio-bajo, el penúltimo de los cuatro posible.

         El presidente aseguró compartir el diagnóstico de estos profundos estudios,  y mostró la voluntad de las universidades de cooperar con los poderes públicos, el sector empresarial y la sociedad para resolverlas. Feliz acontecimiento, pues, en el foro apropiado para debatir y reflexionar sobre aquello que incide sustancialmente en el progreso que pretenda hacerse de esta querida España, tan cuestionada territorialmente por algunos pero que parece tener una cierta vocación de universalidad en la faceta universitaria, como apuntaba uno de los diputados que llegaba incluso a decir que esta puede ser una cuestión donde no existan diferencias irreconciliables entre los distintos partidos políticos para alcanzar el deseado pacto por la educación. Felicitaciones, pues, para todos. Por permitir que se diga y por escuchar, cuestión ciertamente difícil en los momentos actuales.

          Pero en línea del debate abierto que siempre debe existir en torno a la universidad, y en el contexto de lo expuesto por el compareciente y las intervenciones de los diputados que conformaban y estaban presentes en esa Comisión, me permito exponer algunos aspectos que considero de relevancia y sobre los cuáles simplemente opino, sencillamente por ser la universidad en la que personalmente creo:

1. Autonomía universitaria y gobernanza universitaria.

        En todos los foros de debate universitario se vuelve una y otra vez al sentido y alcance de la expresión acuñada en la Constitución Española de la consabida “autonomía universitaria”.  Se sigue insistiendo en que la autonomía es, en la práctica, ficticia, o sin tener el alcance necesario para permitir la progresión del sistema universitario, y ello curiosamente al contrario de lo que piensa o percibe la sociedad española que considera a la universidad como un mundo aparte que cabalga al antojo de los comuneros universitarios y de los gobernantes elegidos para estar al frente de las mismas.

       Si todavía estamos así parece claro que el sistema exige una reforma de postulados para permitir que se crea en la universidad y para que pueda cumplir sus fines. Una autonomía que compagine lo que unos y otros quieren: poder actuar y exigir la visualización de resultados. Porque nunca puede concebirse a la autonomía como concepto que elimine totalmente el intervencionismo, sin control y sin exigencia de responsabilidad. Todo lo contrario. Flexible pero exigiendo que se responda con el cumplimiento de los objetivos. Esto es, dar para recibir.

       Una reforma que debe ser meditada, convenida por todos, sin que pueda concebirse con un mecanismo impositivo y de parcheo como el que venimos padeciendo y que únicamente conduce a la exasperación de un sistema que cada vez ve más alejado sus perspectivas de avance. Sólo un poder público que desconozca la Universidad puede estar hurgando permanentemente en la herida para que la sangría crezca. Así no se cura o remedia la situación porque lo único que se consigue es aumentar el desconcierto. Hoy se legisla de una forma y mañana de otra, para al final dejar vacío de contenido cualquier intento de corrección. Vamos, patinazo tras patinazo y los resultados son los que pueden detectarse.

         En mi modesta opinión, la reforma no puede empezar sin convenir un sistema de gobernanza que la haga posible. La autonomía universitaria exige, por lo pronto, unos gobernantes que no tengan que venderse para ocupar la poltrona, o que pudieran ser designados por los dirigentes políticos del momento. No seré yo quien determine cuál es el criterio o método a utilizar pues, a buen seguro, siempre habrá detractores para cada posición que se quiera establecer. Sobre todo por quienes no confíen en otros métodos que pudieran hacerle perder el estatus. Pero parece que no debe ser mucho de fiar un dirigente que, para adquirir la magnificencia, tenga que hacerlo adquiriendo compromisos graciables para un colectivo que está presto a recibir y a mirarse el ombligo. El repaso que se hace en los programas electorales para mejorar la calidad del servicio que se presta es meramente letra muerta o vacía de contenido, con frases filosóficas elocuentes pero que no conducen a tomar medidas que, aun siendo necesarias y sobradamente conocidas, podrían ser impopulares.

         Ya lo decía Peter F. Drucker, cuando pronunciaba estas palabras: «...el espíritu de una organización se crea desde arriba. Si una organización es grande de espíritu es porque el espíritu de la gente es grande. Si decae es porque la cima se pudre, porque, como dice el proverbio: «Los árboles mueren de arriba hacia abajo»…«.

         Sin duda, puestos unos cimientos sólidos estaremos en condiciones de exigir una autonomía universitaria concebida como un sistema abierto, con posibilidad de movimiento académico e investigador, pero equilibrando la balanza con un mecanismo de control fuerte, precisamente porque se trata de confiar y exigir. Una autonomía institucional que, en definitiva, cumpla una premisa clara y contundente: la transparencia y la verificación de que se cumple lo comprometido.

          Con arreglo a lo dicho, el lema sería “Dar autonomía para exigir responsabilidad”.

2. Financiación.

           ¿Puede coexistir en España un sistema universitario en el que cada territorio tenga premisas económicas diferentes? Dicho de otro modo, ¿se puede exigir lo mismo a todas las universidades cuando unas disponen de financiación que se acerque a la suficiencia y a la estabilidad (aunque nunca podremos afirmar que alguien alcance el pódium), y otras no tienen ni para abrir la puerta de entrada? Seguro que todos los miembros de la comunidad universitaria miran a su alrededor para exigir igualdad de trato y, en concreto, los estudiantes quieren recibir la misma enseñanza en cualquier parte del territorio, disponiendo de los mismos medios y nivel de profesorado.

         Pero como nuestro país cabalga a su bola en cada parte del territorio que de forma endeble lo conexiona, advertimos tremendas desigualdades que, para mí, confirman que en esto de la enseñanza, como en cualquier otra faceta social, las diferencias crecen cada día. Quien más tiene más recibe porque sus resultados son mayores, y al pobre, con quien nadie quiere solidarizarse, cae en el tedioso fondo del pozo y sus gritos de socorro retumban en el interior de ese agujero que lo va alejando cada vez más del mundanal ruido.

          Para exigir hay que permitir planificar actuaciones, y eso conlleva conocer los medios económicos con los que cuenta. Un plan plurianual de financiación, con premisas comunes para todo el sistema público universitario, se erige en pilar fundamental para la sostenibilidad de lo que hemos engendrado.

Otro lema: “si quieres que viva ayúdame, si no cortemos el engaño”.

3. Universidades públicas y privadas.

            En sí mismo, mantener la dualidad de enseñanza pública y privada no tiene que ser un problema. Lo  negativo  puede ser los mecanismos para crear entidades de uno u otro tipo y las exigencias que se imponen a cada una de ellas. A buen seguro que un sistema mixto enriquece la enseñanza universitaria, si la calidad exigida es la misma. Siempre ha existido y no hay por qué reparar ahora en ello. Pero claro, cuando el sistema de enseñanza privada lo convierte en un mecanismo torticero, con refrendo político por ideologías de los impulsores, o por abusos manifiestos de una burda metodología que convierte a la enseñanza en un mercadeo donde se paga y se consigue el resultado esperado, la mar de las veces con el uso y abuso de la tecnología on line, con una barbarie de centros educativos privados dispersos por todo el territorio, pues llegamos a la conclusión que algo falla para potenciar al más pudiente frente a quienes no le queda más remedio que quedar en una enseñanza más acomodada a sus posibilidades económicas.

           El esperpento al que podemos llegar con un sistema donde parece que nada impide crear “chiringuitos universitarios” exige una profunda reflexión antes que el enfermo no tenga remedio para su curación.

Lema: “crecer pero con reglas y controles igualmente exigentes”.

4. Los precios públicos.

           Otro caballo de batalla de los estudiantes que integran las universidades públicas españolas es la configuración de los precios públicos que deben abonarse. El tema se sale de madre porque bajo el paraguas de la crisis económica del país se proyecta un cúmulo de despropósitos que convierte al político en el pelele de la sociedad.

       Nadie va a objetar que todo el mundo pueda acudir a la universidad pues la enseñanza de educación superior debe ser un claro objetivo social para progresar en una sociedad que necesita un nivel cultural adecuado para proyectarse. Y que el precio que tuviera que pagarse por ello se convenga en un sistema donde se establezca una política de becas en el que, quien necesite reciba la ayuda para que lo económico no se convierta en el impedimento para la formación.

        Pero claro, cuando lo instaurado es un sistema donde no se garantiza la ayuda precisada y se establecen políticas de precios que discriminan a los estudiantes por razón del territorio en el que estudian, realmente estamos conviniendo un sistema perverso. La igualdad que preconiza el artículo 14 de la Constitución Española queda en entredicho.

         Lejos de alcanzarse una línea de consenso nacional, cada territorio tiene su ingenio, fruto muchas veces de esos políticos dispuestos siempre a ganarse unos cuantos votos. Ahora, en Andalucía se abre un nuevo mecanismo de garantizar la gratuidad de enseñanzas cuando los resultados académicos son positivos. No está mal si la economía de la Comunidad permite establecer el sistema, respaldado por el contribuyente que quiere que lo pagado por sus impuestos permita ir al alumno aplicado aun cuando su renta familiar no lo necesite, y asegurar la compensación a las universidades para que lo anunciado no sea tan efímero como el humo y al final las universidades padezcan las consecuencias.

        Y qué podemos decir de la actuación que seguirán en otros lugares pues, con toda seguridad, se extenderá la epidemia para reclamar un mismo tratamiento. Algunas no tendrán impedimento económico para implantar la fórmula ingeniosa, y otras buscarán mecanismos alternativos para intentar ser algo más que unos meros plagiarios de la idea originaria. En fin, el mayor peligro está en comunidades pobres pues la medida encontrará eco, se implantará como sea para no perder electorado, dejando para la divina gloria cómo financiar a las universidades que estén bajo su respaldo. Mejor no pensarlo.

Mi lema: “Abrir el bolsillo para ver si queda algo; si no hay nada medita lo que vas a hacer”

5. La inversión en I+D+i

         Que la universidad comparte enseñanza e investigación es algo consustancial a la educación superior. Como decía el profesor GONZÁLEZ NAVARRO «Investigar para saber y saber para enseñar«. Y que la inversión pública y privada resulta ser insuficiente para garantizar una progresión científica nacional que nos permita adentrarnos en los rankings internacionales es sumamente claro. No hace falta más que introducirse en las cifras de los sustanciosos estudios que proliferan al respecto.

          Un buen amigo se jactaba de decir en todos los foros donde intervenía para hablar de la financiación universitaria, que la universidad que investiga se arruina. Y no lo decía, como es obvio, por estar en contra de la precisa y necesaria investigación que debe realizarse en el ámbito universitario, sino porque investigar exige inversión económica y no siempre dispones de la ayuda externa que precisas para seguir en la brecha.

         También aquí debería meditarse para no caer en la tentación de entender que todo el mundo investiga y lo hace para generar resultados que beneficien al tejido productivo. A veces te encuentras con sorpresas que deparan que ser autónomo no implica que tengan que financiarse una línea investigadora que a nada conduce o, a lo mejor incluso, que está ya claramente definida por resultados anteriores. Aunque no guste lo que digo, creo que el investigador debe ser menos impetuoso y entender que cuando se le financia un proyecto no se le está dando cancha abierta para hacer con “su dinero” lo que estime pertinente. El sistema universitario español no puede mantener vivo desvíos que propicien agujeros económicos, y también aquí habrá que actuar para exigir el cumplimiento de lo convenido. No es otra cosa que hacer responsable al que utiliza fondos públicos.

          El registro de patentes, con ser importante, no es todo. La verdadera explotación que se haga de las existentes es el punto relevante para la incentivación. Aunque entiendo que ello conlleva otros problemas añadidos, sobre todo porque no todas las universidades tienen alrededor un tejido productivo que favorezca la transferencia.

Lema: “Mejor no meterse en un jardín que sabemos no da flores”.

6. La internacionalización de la actividad universitaria.

           Durante muchísimos años luchamos los españoles por abrirnos al mundo de fuera de nuestras fronteras, hacia la Europa que divisábamos y hacia el extranjero más alejado. Superadas las trabas políticas queda un terreno que permite la efectividad de la movilidad de estudiantes y profesores.

        Movilidad hacia fuera, para que nuestros estudiantes salten sin complejos y adquieran la destreza que el mundo ofrece por sí mismo. Y hacia adentro para permitir que la cooperación entre países sea el aliciente para crecer todos juntos.

      Creo que en este aspecto se han dado pasos más que relevantes, incluso con programas formativos en las universidades españolas donde el idioma ya no es un obstáculo y bien parece que lo de que se trata ahora es de potenciar estos mecanismos que, como no, siempre lo son bajo el resorte económico que lo permita. Aquí no hay cinta que cortar ni placa que poner en edificio alguno, sino una contumaz línea de actuación decidida para que lo que hoy se invierte se convierta en un resultado próspero de futuro.

Lema: “cabalgando se llega antes que andando”.

7. La selección de personal.

         Las universidades han luchado intensamente por tener un sistema de selección del profesorado que les permita elegir a los que mejor se acomoden a sus propósitos y necesidades. Curiosamente, sin tener un mecanismo legal claro y preciso de lo que en otros ámbitos de la Función Pública se conciben como sistemas de “promoción interna”, que permiten escalar a los efectivos de la organización sin pelearse con terceros venidos de fuera del sistema, en la realidad se traduce en una más que efectiva progresión basada en una evaluación externa de un órgano llamado ANECA que, con reglas simples (por ser alcanzables para todos los que se empeñen en ello), permiten la acreditación de los efectivos para llegar a culminar empresas mayores. Se salta de categorías y escalas con una facilidad que no existía antes. Bien parece que los momentos actuales se dirigen decididamente a la existencia de un cuerpo único.

        Pronto habrá que sospechar de quien no diga que es Catedrático de universidad. Tampoco en este punto seré yo quien diga si está bien o mal este acelerado mecanismo de progresión, pero al menos me apetece decir que resulta un tanto extraño lo que está ocurriendo.

        Hay bastante por trabajar en este modelo de progresión académica y profesional, pero resultará muy difícil dar pasos atrás. Sobre todo porque la cola está repleta y se espera con impaciencia. Las voces se alzan para pedir la eliminación del corte que supone la tasa de reposición, pues ya, hasta la espera se ve problemática, en un sistema donde la impaciencia se impone.

         Curiosamente la eliminación o ampliación de esta tasa que se pide cuenta con un único elemento para contrarrestarlo, cual es aludir a que se permita dentro del capítulo de los presupuestos de cada universidad para con ello no romper el principio de estabilidad presupuestaria. La petición tiene su guasa, al menos porque a ver qué dirigente universitario pone el límite en su ámbito cuando los afectados vean que en otras partes del territorio nacional se crece sin cortapisa. Volvemos a los programas rectorales y a la universidades más pudientes creciendo cada vez más y las menos afortunadas quedándose atrás sin solución de continuidad. No faltarán incluso los que defiendan la promoción a coste cero, como si esto existiera en la realidad. Pero claro, de ilusos se llena el mundo (los que dicen y los que se lo creen).

Lema: “Tienes un problema si quieres levantarte cuando veas venir al insigne catedrático”.

           En definitiva, me he permitido esta licencia para la opinión que, en todo caso, no es más que un impulso lanzado hacia lo mejor de la universidad española que, con toda seguridad, estará por venir. Y que la voz de la universidad esté presente en los órganos representativos de los ciudadanos estatales y autonómicos, con la periodicidad necesaria como para debatir problemas y buscar soluciones. Regla fácil de decir pero a veces difícil de asumir para quienes no puedan o quieran estar comprometidos más que con la palabrería.