Los que llevamos muchos años en el ámbito universitario, pasando incluso por los diversos estamentos que conforman su colectividad (alumnos, personal docente e investigador, personal de administración y servicios), podemos comprobar cómo algunos integrantes de tan insigne Academia, que desde siglos le convierten en la base de la cultura y del cultivo del conocimiento en su más amplio sentido, por residir en ella la faceta formativa que inculque comportamientos que redundan luego en beneficio de la sociedad, se empecinan insistentemente en sacrificar su más elemental y básica característica para “utilizarla” como resorte de artimañas que favorezcan a quienes de otro modo serían meros paseantes de la vida.

          No es artificiosa esta contundente apreciación, como tampoco lo es que esa sociedad que se esfuerza en descabezar lo que pueda oler a corrupción se afane en generalizar lo que de por sí no son más que muestras –aunque ciertamente abundantes- de mediocridades humanas que sacrifican el bien supremo y general de índole institucional para sucumbir al egoísmo de individualidades ávidas en acumular historiales curriculares artificiales.

          La deshonestidad académica aterriza en las universidades como el picudo rojo en las palmeras. No todas están contaminadas por entero pero sí una gran parte, afectando a su esencia y que de no asumirse con un tratamiento precoz y adecuado puede llevar a la destrucción de tan insignes y fundamentales instituciones educativas. Reconducir el camino es siempre posible, necesario diría yo, y para ello deben surgir de las propias entrañas universitarias quienes favorezcan los intereses públicos que representan, marcando pautas de conducta ética y moral que dificulten e impidan al máximo posible ciertas prácticas e intentos de subvertir el sistema.

         El fraude académico, como igualmente es conocido el fenómeno de deshonestidad que persigan algunos discentes y docentes para buscar un beneficio académico, económico, afectivo o de cualquier otra índole que vaya en contra de los principios éticos de las instituciones educativas y, en consecuencia, de la sociedad, aflora como una conducta anómala que altera y afecta el aprendizaje y desempeño académico, para acreditar en un mero papel lo que no se ha obtenido con el esfuerzo y cabal conocimiento.

       Desde el plagio académico, dicho sea desde la amplia acepción que pueda afectar a estudiantes y docentes, hasta favorecer rápidas e inmerecidas acreditaciones académicas, surge todo un elenco de situaciones que no pasan desapercibidas para el ciudadano que incrédulos ven como se inflan historiales académicos y cometen abusos que muy raramente culminan con la calificación delictiva que merecen. Porque no es fácil encontrar a esos fervientes defensores de las instituciones a los que sin temblar el pulso hagan uso de la responsabilidad que tienen para impulsar la corrección que merecen tan desafortunadas y abusivas actuaciones. Por aquello de que la endogamia envuelve por entero al pastel. Aunque en esas excepciones –que afortunadamente las hay- pueda advertirse que no todo el colectivo universitario participa de la corruptela.

      Claro es que la picaresca ha existido siempre y no es reciente que algunos alumnos intenten copiar en exámenes, o asumir como propios los trabajos realizados por otros compañeros, como igualmente existan profesores que pudieran incorporar a sus publicaciones ciertas cuestiones ya deducidas por otros, o tratar de acopiarse de líneas de investigación que ya pudieran estar avanzadas en otros lugares. Lo que sí resulta ahora llamativo es que los trabajos de fin de grado y másteres, cuando existan, puedan ser comprados en red y evaluados sin ningún tipo de cortapisa, como que pueda alcanzarse el doctorado con el mercadeo de ciertos directores de tesis, o que se plagien trabajos que se publican sin reparo alguno, y que cuando son descubiertos –en los casos que ocurra o se sepa- no se propicie el procedimiento de corrección que ejemplifique lo que deben ser medidas contra las conductas impropias. Pocos son los casos que acaban en la Fiscalía, y cuando lo son es porque ya ha habido trascendencia pública. Diríamos que se trata ya de salvar los muebles cuando el barco sucumbe.

          Va siendo hora de que los códigos éticos no sean meros artilugios florales y exista un revulsivo académico para que, efectivamente, se favorezca el mérito y la capacidad. Luchando contra posturas deshonestas e inmorales. Contra los partícipes, coparticipes, y responsables de vigilar el sistema educativo que, conociendo lo que ocurre, se empecinan en mirar hacia otro lado. Por el bien de un colectivo que, en su mayoría, trabaja con la ilusión y el esmero necesario para favorecer la mejora y respeto del sistema universitario. Ensalzando lo que de por sí es noble, la enseñanza universitaria.