Delegación y responsabilidades

          En el ámbito laboral es frecuente el uso de la delegación de atribuciones y funciones de quienes las tienen reconocidas, en otras personas a las que se confía y acerca, con la evidente motivación para el delegado que se siente así más integrado en la organización. Porque quien quiere abarcarlo todo y estar en todos sitios, al final ni puede hacer que los días tengan más horas de las que tiene, ni dispone de la posibilidad de dividirse físicamente. Por eso mismo, la delegación es indispensable para el ejercicio de una dirección eficaz.

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            Así, en la empresa privada la delegación hace transferir responsabilidades y asigna autoridad a las personas delegadas para que puedan realizar determinados cometidos y actividades. Pero hay que insistir, no solamente se transfiere la tarea, el cometido, sino que por igual hay una atribución de poder y autoridad para efectuarlas con la extensión que se desee y con el perfil de exigencia que se proyecte.

        En el ámbito de las Administraciones públicas españolas son sobradamente conocidas las múltiples “dejaciones” de competencias, esto es, lo que supone manifestaciones del poder público respecto de unas materias, servicios o fines públicos determinados, hacia otras entidades públicas (delegación intersubjetiva entre entes públicos) o entre órganos (delegación interorgánica entre titulares de los órganos), dicho sea en términos amplios y con las únicas excepciones que preconiza la ley, sin que ello altere el sistema objetivo de distribución de competencias entre los diferentes órganos de la Administración. Hay que verlo todo ello como una posibilidad cierta de autoorganizarse, facilitando la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades.

        La delegación interorgánica no tiene por qué supeditarse a órganos jerárquicamente dependientes, pudiendo tener una duración más o menos prolongada en el tiempo, y en su caso suspenderse para asuntos concretos mediante la técnica de la avocación. Al efecto, y en cuanto a exigencias y formalidades hay que estar a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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          En lo referido al acto que suponga la realización de la competencia que previamente ha sido delegada, se dispone legalmente que las resoluciones administrativas que se adopten por dicha delegación han de indicar expresamente esta circunstancia y se consideran dictadas por el órgano delegante.

         Aquí llego al punto álgido de la cuestión y sobre el que quiero centrar mi exposición. Si mediante la delegación se asigna autoridad a una persona o titular de un órgano administrativo para llevar a cabo actividades específicas, ¿qué nivel de responsabilidad adquieren o pueden alcanzar tanto el órgano delegante como el delegado por las circunstancias concurrentes en la aplicación del acto concreto de que se trate? Dicho de otra forma, ¿la responsabilidad exigible a uno exime al otro de la que pudiera corresponderle?¿Mantiene alguno de ellos la exclusiva responsabilidad de lo decidido? Pensemos además en esos múltiples órganos colegiados donde aparece una variopinta integración de miembros que representan a distintas instituciones u órganos y que se permite la incorporación de los titulares “o personas en quienes deleguen”. ¿Queda eximidos de toda responsabilidad los delegantes?

            El tema es arduo y complejo en la práctica pues puedo asegurar que la experiencia profesional me permite extraer como conclusión que no se tiene certeza del nivel de responsabilidades que puede cada uno adquirir por las actuaciones que haga por delegación. Ni tampoco por parte de quien delega al olvidar cualquier compromiso directo por lo que acontezca. Es más, cuando deben depurarse las responsabilidades aparece la nebulosa que envuelve a todos los implicados para que, al final, ni para ti ni para mí sino todo lo contrario. Qué decir si los afectados pueden ver peligrar el estatus político por una decisión administrativa. El tema, pues, me parece que merece una reflexión, aunque sea somera.

         Por lo pronto es palpable que pensemos que entre delegante y delegado existe un compromiso mutuo, con diferente nivel de obligaciones. Ni el delegante transfiere al delegado todo el peso de la compulsión por el desempeño de sus deberes, ni este último mantiene una absoluta libertad de encomienda. Todo en su justa y razonable medida. Y ello porque el que transfiere competencias en ningún momento se desprende de su titularidad, sino que meramente atribuye a otro su ejercicio. No olvidemos que la delegación es una excepción a la premisa que marca el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 40/2015, determinante de que la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que tengan atribuida como propia.

           Si el delegante conserva la titularidad de la función delegada, es claro que los actos dictados han de considerarse realizados por el órgano delegante. Porque delegar en modo alguno significa abdicar. De esta forma, el delegante no solo puede, sino que debe, dirigir y fiscalizar los actos del delegado, manteniendo un deber de vigilancia. No hay por tanto una ruptura total entre ambos mientras se mantenga viva la delegación. El delegante puede así incurrir en responsabilidad por culpa propia in vigilando y por hechos ajenos.

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         La doctrina de la culpa in vigilando, extraída del derecho civil, es especialmente tratada en temas de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y en una materia como es la prevención de riesgos laborales. Según ello, el deber genérico que incumbe a todo empresario (entendido en su amplia acepción) hace que incluya una conducta propia de especial intensidad en la vigilancia de la efectividad de las medidas. Con ello se erradica cualquier intento de exonerar de responsabilidad al empresario o responsable de una entidad pública por el mero hecho de delegar competencias.

         He aquí un punto de inflexión cuando se piden responsabilidades distintas a quienes actúan efectivamente y a quienes le han conferido la autoridad o poder para ello. Se entiende así cómo deben, o deberían responder algunos cargos o responsables de órganos públicos mediante la conocida popularmente como fórmula de responsabilidad política, a compartir con la responsabilidad que incumbe al actuante por delegación que puede adquirir otra dimensión diferenciada, y de diversa índole, según proceda en cada caso.

            Porque uno de los requisitos fundamentales de la democracia debe ser la rendición de cuentas, que supone que los cargos y responsables públicos no solo tengan la obligación de informar sobre sus labores, sino también la de responder por sus actos u omisiones en el ejercicio del cargo y de lo que puedan hacer aquellos a los que les confieren la posibilidad de actuar por ellos.

              Todo debería ser así de claro pero cuando llegan los momentos de asumir, puede que al final se diluya tanto la responsabilidad con el tira y afloja del tuya o mía, que haga que quede vacía de contenido para la sorpresa de los pacientes espectadores.

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