Afortunadamente queda en el recuerdo ese mundo universitario que solamente permitía a unos pocos acudir a las aulas para adquirir conocimientos propios de la enseñanza superior. El sistema universitario español crece vertiginosamente desde que la democracia permitió una división territorial que favorecía la apertura de universidades, con el acercamiento de estas a los ciudadanos y, por ello mismo, favoreciendo a las clases sociales más necesitadas. El final de la década de 1970 se vino a considerar como un período de expansión y reforma de la educación superior, en un proceso paulatino que de empezar a contemplarse la Comunidad Autónoma como un ámbito territorial único, salvo nueve de ellas, el resto ha cabalgado para proyectar universidades a nivel provincial. Ni que decir tiene que esta expansión no solo afectaba a las entidades públicas, sino también desde el ámbito privado, en unos casos bajo la dirección de órdenes religiosas y en otros por iniciativa privada, de modo que en los muchos debates generados al respecto se llegaba a decir que hay demasiadas universidades en España. Digo yo que la cultura nunca debería medirse pues, a la postre, siempre será poca, pero todo proceso de este calibre debe hacerse desde la seriedad sustantiva y no formalista. Esto es, no es el número y los edificios lo que importa, sino cuantos profesionales, con qué nivel, medios y condiciones se imparte la enseñanza y se lleva a cabo la investigación.

           No pretendo llegar al meollo de la cuestión que, de por sí, me produciría bastante dolor de cabeza, por aquello de que nunca he considerado a la Universidad como una institución escolar similar a la de los institutos de enseñanza secundaria y, por tanto, crecer por crecer y sinrazón me parece que puede obedecer más a deseos y actitudes políticas que no académicas en sentido estricto. Lo mismo que no soy proclive a defender un sistema de selección de profesorado tan flexible como para que veamos cómo alcanzan la cúspide académica ciertos profesores, pero esto me sonroja más que avergüenza por decirlo abiertamente.

            La cuestión que me planteo es otra. Parto por señalar que, a mi modesto entender, la competencia entre universidades no solo debe propiciarse, sino favorecerse para que unas eleven la cabeza y otras la agachen ante lo que vienen haciendo. Un modo de propiciar que nadie se duerma en los laureles pues el día a día debe servir para crecer y no estancarse. Siendo esto así, y para favorecer al ciudadano en la elección, hay que considerar positivo que las universidades puedan verse en escalones diferenciados, y también que se midan entre públicas y privadas. Pero con unas mínimas reglas de juego claras y precisas y no desde parámetros de medir que se nos antojan ciertamente desafortunados pues se hacen como el problema matemático que se plantea desde la solución deseada.

            Ocurre que ese elogiable espíritu de favorecer la enseñanza superior empieza a entremezclarse con otros intereses espurios. De verse como un fin el educativo, se pasa a un objeto economicista. Un negocio que merece meditarse y compartirse entre los impulsores y los que lo favorecen. El sistema universitario se pervierte con una perspectiva engañosa. Para ayudar al ciudadano, se potencia la enseñanza on line. Y lo que hasta el momento era una modélica enseñanza a distancia bien llevada por la UNED, se empieza a tergiversar por otras entidades que convierten el campus virtual en un mecanismo que favorece la venta de títulos. El campus privado favorece este negocio redondo y, lo más sorprendente, empieza a ser visto con buenos ojos por los gobernantes. En un mismo entorno geográfico, las titulaciones se repiten y el mensaje que se da no es el que se favorezca una mejor enseñanza en un sitio que en otro (esto es, pura competitividad sobre la calidad educativa brindada), sino que en un sitio puede resultar más fácil que en otro, aunque se tenga que pagar más. Unas familias verán en esto último un problema crucial, pero otros no tendrán reparo en meterse en este sistema pues, a la postre, hoy no se dirigen mensajes para mejorar la enseñanza sino para favorecer que se obtenga como sea un título académico. Al menos esto sale de bocas que se consideran autorizadas y lo dicen, sin reparo alguno, en foros universitarios.

            Los datos y cifras del sistema universitario español que hace público el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, referidos al curso 2014-2015, señala la existencia de 83 universidades en España, 50 públicas y 33 de titularidad privada. Respecto a estas últimas se dice que va aumentando progresivamente y que de media viene creándose una cada año. Lejos queda, por todo ello, ese año 1990 en el que solamente existían cuatro universidades privadas (Deusto, Navarra y las Pontificias de Comillas y Salamanca). Lo más curioso es que, en plena crisis, los proyectos empresariales para crear universidades aumentan. Esto supone que, al momento presente, el 40% de los campus que hay en España, son ya privados. Y en algunas Comunidades Autónomas hay más universidades privadas que públicas (Madrid, Comunidad Valenciana o País Vasco).

           Podría entenderse, en buena lógica, que la expansión de universidades privadas sería donde la demanda potencial de estudiantes sea mayor, teniendo en cuenta factores como la pirámide de población y el nivel de renta de la comunidad. Y en sede de instituciones públicas, la lógica nos llevaría a pensar que los objetivos serían un tanto diferentes, sirviendo de vertebradoras del territorio conforme a las directrices de los gobiernos autonómicos.

           Ocurre, sin embargo, que esta perspectiva se diluye, conformándose incluso duplicidades de enseñanzas en un mismo territorio sin que las necesidades de población permitan absorber esta oferta. Se divisa en medios de comunicación y con técnicas de marketing una caza y captura de estudiantes que nos lleva a preguntar si este esquema tiene algún sentido.

           En Extremadura, por cerrar mi visión, existe una única universidad pública que mantiene su unidad a pesar de ser una zona geográfica tan extensa como para haber dividido el mapa. Pero si costó crear la universidad acercándola a la población extremeña, fraccionarla después podría generar una serie de problemas añadidos que harían inviable el sostenimiento del sistema por el gobierno autonómico.

           Hasta aquí parece que la cordura se iba sosteniendo hasta que la prensa anuncia un posible desembarco de entidades privadas que quieren generar universidades. Volviendo a insistir en lo conveniente que puede resultar siempre que exista una competencia seria para beneficiar al estudiante universitario, lo que escama es que desde diversas instancias políticas se esté llamando a otras puertas para que incremente la oferta universitaria en Extremadura. Por un lado, Plasencia es una ciudad que no se conforma con tener una división del campus de la universidad pública extremeña. Se quiere más y se facilita incluso locales públicos para la ubicación de centros de una determinada universidad privada. Por otro lado, salta la alarma de abrir esa torre que en su día construyera Caja Badajoz y que ahora no hay forma de mantener, para que pudiera acoger una universidad privada. En la prensa se dice, por responsables del gobierno autonómico que se está analizando la memoria que han presentado los promotores de una universidad privada que quiere instalarse en Badajoz. El titular de prensa es enormemente llamativo: “La Junta cree que una universidad privada dinamizaría la región”.

             Como puede advertirse, esta apertura de brazos es un tanto diversificada por cuanto surge de partidos de signo diferente y lo único que parece mostrar una cierta coherencia es esa misma noticia periodística en la que se dice que los sindicatos recelan de este proyecto “porque creen que afectará a la pública”.

              Hace tiempo que los sindicatos e incluso algunos partidos políticos eran contrarios o mostraban fuertes reticencias a las privatizaciones de ciertas parcelas de actividades que debían considerarse públicas, pero parece que en este progresivo cambio que estamos experimentando también en esto se apuesta por traspasar lo que antes parecían líneas rojas. Con la sanidad hemos visto reacciones de todo tipo, pero no estoy seguro que con la educación se vaya igual pues, como digo, bien parece que hay un cierto consenso político, al menos en los principales artífices del panorama nacional.

             El tiempo dirá lo que sucede con este camino que hemos emprendido, pero me mosquea sobremanera ciertas iniciativas políticas. Ya veremos si el tiempo no nos hace descubrir algo nuevo.